¿En qué normativa se ampara el reconocimiento de Juan Guaidó como
presidente “encargado” de Venezuela? En ninguna. Solo en el hecho de que el 23
de enero los 13 países del Grupo Lima, donde participa Chile, coordinaron un
reconocimiento internacional a Juan Guaidó 12 días más tarde que éste fuese autoproclamado
como presidente ‘encargado’ en un acto en la plaza del edificio de la ONU en
Caracas. Doce días más tarde que este mismo se haya autoproclamado. Curiosa
demora.
Sus defensores postulan que la razón de su reconocimiento reside en que
Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, que sería algo así como
el parlamento. Ahora, ¿en el parlamento hay puros de derecha? Por supuesto que
no. ¿En el parlamento hay pura gente de izquierda? Claro que no, en ninguna
democracia ocurre eso. Bueno, tampoco en Venezuela. Entonces si conviven
derechas e izquierdas en el parlamento venezolano ¿todo el cuerpo parlamentario
votó a Guaidó como su presidente ‘encargado’? Claro que no, porque esa Asamblea
Nacional a la que hacen referencia no existe en la actualidad ya que no opera
desde el 2016. Y ¿por qué no existe? Porque en las mismas elecciones que salieron
electos Maduro como presidente y Guaidó como diputado –año 2013-[1],
se verificaron irregularidades electorales en tres diputaciones. El Consejo
Nacional Electoral, organismo autónomo, llamó entonces a repetir las elecciones
de esas diputaciones y la oposición forzó una votación en la Asamblea Nacional
para desobedecer. El caso pasó a un organismo autónomo: el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), y luego de mucho dialogo con la oposición que se debatía como
siempre entre el golpismo o la democracia, dicho organismo declaró en desacato
a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015[2]. Desde entonces, los parlamentarios chavistas y la
oposición democrática se retiraron de la Asamblea, y los únicos que siguieron
actuando a nombre de la asamblea son los parlamentarios pertenecientes a la Mesa
de Unidad Democrática (MUD). Entonces, la Asamblea Nacional es un invento para
darle legitimidad a Guaidó.
Luego, el artículo 233 de la constitución que esgrime Guaidó para su
autoproclamación señala que en caso de que el presidente este imposibilitado de
ejercer se debe convocar a un cabildo abierto para la elección de un presidente
encargado. En este caso, ni el presidente electo está imposibilitado de
ejercer, ni se realizó un cabildo abierto de acuerdo a lo establecido por la
constitución.
Sobre el gobierno de Maduro, puede haber muchas visiones disímiles, a
favor o en contra de su gobierno. Sin embargo, para discutir de un tema tan
delicado donde se pone en juego la
soberanía de un país latinoamericano, es fundamental argumentar sobre hechos.
Lo primero, es que las elecciones presidenciales de mayo de 2018 donde
Maduro salió electo contaron con varios veedores internacionales, todos los
parlamentarios de Chile que asistieron al proceso firmaron actas de conformidad
y el proceso fue respaldado por el Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (Ceela). En esa elección votaron más de 10 millones de personas,
y de ellos más de 6 millones de personas votaron por Nicolás Maduro. Fue una
elección con una alta abstención sin lugar a dudas (53,98%), pero más baja que
la de Chile en las elecciones donde salió electo Sebastián Piñera (57%). Si nos
remitimos a los hechos, los partidos de oposición que participaron del proceso
alcanzaron un 30% de los votos entre los candidatos Falcon y Bertucci, y no
interpusieron ninguna acusación formal ni pruebas de que haya habido
irregularidades.
La verdad es que el gobierno adelantó las elecciones de diciembre para
mayo como concesión a la demanda de la oposición de adelantar elecciones. Una
parte de la oposición, decidió no participar de estos comicios electorales, ya
que igual que en el año 2002, tenían en sus planes preparar un escenario de
ilegitimidad institucional que justifique una intervención extranjera que en
caso de completarse con éxito afectaría la soberanía de todo nuestro agujereado
continente. Y eso es muy preocupante.
[1] Elecciones avaladas por toda
la oposición que participó de ellas y por ex presidentes como Jimmy Carter y
José Luis Zapatero.
[2] Dejó de funcionar por la
sentencia realizada por el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015
dada la demostración de cohecho por parte de parlamentarios recién electos
pertenecientes al partido opositor MUD (Mesa de Unidad Democrática).
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